Desempleo del hijo menor de 30 años contratado por el progenitor autónomo, como trabajador por cuenta ajena

Desempleo del hijo menor de 30 años contratado por el progenitor autónomo, como trabajador por cuenta ajena

Constituye situación legal de desempleo el cese del hijo del Autónomo, contratado por su progenitor siendo menor de 30 años, por lo que si tiene cotizaciones anteriores suficientes y cumple el resto de requisitos, puede obtener la prestación por desempleo o el subsidio.

El Estatuto del Trabajo Autónomo permite a los trabajadores autónomos contratar, como trabajadores por cuenta ajena, a sus hijos menores de 30 años, aunque convivan con ellos. En este caso, del ámbito de la acción protectora dispensada a los familiares contratados queda excluida la cobertura por desempleo (L 20/2007 disp.adic.10ª).

Según un reciente criterio de actuación del SEPE:

  1. El cese en dicho trabajo puede acreditar situación legal de desempleo y, si tiene cotizaciones anteriores suficientes y cumple el resto de requisitos, puede obtener la prestación por desempleo o el subsidio por cotización insuficiente.
  2. Si cumplida la edad de 30 años, el hijo continúa trabajando con su progenitor y presentan ante la TGSS la declaración de ambos en la que hagan constar la condición del hijo como trabajador por cuenta ajena, puede, a partir de entonces, efectuarse la cotización por desempleo.

Criterio de actuación SEPE 8-2-18

 

 

CAMBIOS EN LA NUEVA LEY DE AUTONOMOS

CAMBIOS EN LA NUEVA LEY DE AUTONOMOS, PENDIENTE DE PUBLICAR.

La nueva Ley de Autónomos introducirá cambios que afectarán a este tipo de trabajadores. Algunos de ellos entrarán en vigor con la publicación de la nueva norma en el BOE, previsiblemente antes de que acabe el año. Sin embargo, existen modificaciones que entrarán en vigor en 2018.

El primero de ellos afecta directamente a la tarifa plana. Su tan comentada ampliación no será efectiva hasta enero de 2018, aunque la Ley de Reformas Urgentes del trabajo autónomo se apruebe antes de esa fecha. La modificación consiste en ampliar de seis a doce meses el periodo en el que el autónomo sólo tiene que pagar 50 euros. A partir del mes 13, y hasta el 18, la deducción será de un 50% de la bonificación. A partir de esa fecha, y hasta los dos años, el autónomo se beneficiará de una deducción del 30%.

Otro de los cambios que implica es que, para beneficiarse de esta tarifa solo serán necesarios que en los dos años anteriores no se haya estado de alta como autónomo. Actualmente este rango del calendario asciende a cinco años.

En paralelo, otras bonificaciones que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2018 serán la reducción de los primeros doce meses (en un 80%) y de los 48 siguientes (del 50%) en los casos de discapacidad o de personas víctimas de la violencia de género o terrorista.

De igual modo, en el caso de los autónomos colaboradores, la nueva ley establecerá la reducción durante doce meses del 100% de las cuotas a pagar. Por su parte, en los casos de pluriactividad con contrato por cuenta ajena a jornada completa, se establece una deducción, durante 18 meses, del 50%. Mientras tanto, en los 18 meses posteriores esta rebaja será del 25%.

La nueva ley de autónomos confirma que los días de cotización no serán, a partir del próximo año, el mes completo, sino que los beneficiarios tendrán tres altas y bajas al año en el que solo se cotizará por los días del mes en los que se haya estado de alta.

Cambios, previsiblemente, a partir de octubre

Si la normativa no sufre nuevos parones, se estima que se hará efectiva a partir del mes de octubre. Los cambios que sí serán realidad a partir de ese instante son:

  • La cuota de autónomo societario deja de estar vinculada al SMI.
  • La cuota de autónomos por baja de maternidad o riesgo durante embarazo será bonificada al 100%, aunque no se contrate a nadie en sustitución. Si sí es necesario contratar un trabajador en interinidad, su cuota a la Seguridad Social también será bonificada al 100%. Ambas cuestiones, además, serán compatibles.
  • El autónomo podrá deducirse luz, agua y gas en un 20%, en el caso de trabajar en el hogar.
  • Cobrar el 100% de la jubilación y seguir dado de alta como autónomo, si se tiene a un trabajador a cargo.

 

EL TRIBUNAL SUPREMO DETERMINA QUE NO ES OBLIGATORIO EL REGISTRO DE LA JORNADA DIARIA

 

El Supremo determina que no es obligatorio el registro de la jornada diaria

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo señala que sólo deben llevar un registro de horas extras realizadas, de acuerdo a la interpretación que realizan de lo fijado en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores

El Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el Cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactados, y sólo deben llevar un registro de horas extras realizadas, de acuerdo alo establecido en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.

El Supremo estima así un recurso de Bankia contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de noviembre de 2014, que condenaba a dicho banco, atendiendo una demanda de los sindicatos, a establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que realiza su plantilla. 

El Supremo admite que “convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias”, pero “esa obligación no existe por ahora y los Tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control horario, mediante una condena genérica, que obliga a negociar con los sindicatos el sistema a implantar, por cuanto, se trata de proceder al desarrollo de la jornada efectiva de trabajo con las múltiples variantes que supone la existencia de distintas jornadas, el trabajo fuera del centro de trabajo y, en su caso, la distribución irregular de la jornada a lo largo del año”.

El Supremo rechaza “llevar a cabo una interpretación extensiva del art. 35-5 del ET imponiendo obligaciones que limitan un derecho como el establecido en el artículo 28-3 del citado texto legal y el principio de libertad de empresa que deriva del artículo 38 de la Constitución y ha reconocido el Tribunal Constitucional como imprescindible para la buena marcha de la actividad productiva (S. 170/2013)”.

La sentencia detalla que “la falta de llevanza, o incorrecta llevanza del registro, no se tipifica por la norma como infracción de forma evidente y terminante, lo que obliga a una interpretación restrictiva y no extensiva de una norma sancionadora como la contenida en el artículo 7-5 del RDL 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Además, tampoco se tipifica como falta la no llevanza del registro y el hecho de no informar a los trabajadores sobre las horas realizadas en jornadas especiales o incumplir obligaciones meramente formales o documentales constituye, solamente, una falta leve, en los supuestos previstos en el art. 6, números 5 y 6 del Real Decreto Legislativo citado”.

Añade, también, que la solución dada “no deja indefenso al trabajador a la hora de probar la realización de horas extraordinarias, pues a final de mes la empresa le notificará el número de horas extras realizadas, o su no realización, lo que le permitirá reclamar frente a esa comunicación y a la hora de probar las horas extraordinarias realizadas tendrá a su favor del artículo 217-6 de la LEC, norma que no permite presumir la realización de horas extras cuando no se lleva su registro, pero que juega en contra de quien no lo lleva cuando el trabajador prueba que si las realizó”.

La sentencia cuenta con tres votos particulares, firmados por 5 de los 13 magistrados que la suscriben, partidarias de desestimar el recurso de Bankia y de confirmar el fallo de la Audiencia Nacional.