Orden de módulos IRPF IVA 2017

El artículo 32 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el artículo 37 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, establecen que el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido se aplicarán a las actividades que determine el Ministro de Economía y Hacienda, en la actualidad, Ministro de Hacienda y Función Pública. Por tanto, la presente Orden tiene por objeto dar cumplimiento para el ejercicio 2017 a los mandatos contenidos en los mencionados preceptos reglamentarios.

Esta Orden mantiene la estructura de la Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2016 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se mantienen para el ejercicio 2017 la cuantía de los signos, índices o módulos, así como las instrucciones de aplicación. Asimismo, se mantiene la reducción del 5 por ciento sobre el rendimiento neto de módulos derivada de los acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo.

No obstante, se reducen los índices de rendimiento neto aplicables a la actividad de servicio de cría, guarda y engorde de ganado, con el fin de adaptarlos a la realidad actual de este sector. Este nuevo índice se aplicará igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta, al período impositivo 2016.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, la presente Orden también mantiene, para 2017, los módulos, así como las instrucciones para su aplicación, aplicables en el régimen especial simplificado en el año inmediato anterior.

Por último, se mantiene para este período la reducción sobre el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para las actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca.

Enlace relacionado: orden-desarrollo-estimacion-objetiva-modulos-2017

 

BASE DE COTIZACION TRABAJADORES AUTONOMOS

BASES DE COTIZACIÓN DE TRABAJADORES AUTONOMOS:

A partir del 1-1-2016, la base de cotización para los trabajadores autónomos se fija dentro de los límites que representan la base mínima  (893,10 €/mes) y máxima (3.642,00 €/mes).

En función de la edad que tengan en esa fecha y de las bases por las que se venga cotizando, las bases aplicables se ajustan conforme a las reglas siguientes:

  1. Es la que elija el propio trabajador dentro de las bases máxima y mínima fijadas en el caso de:
  • menores de 47 años, o;

de 47 años, siempre que su base de cotización en el mes de diciembre de 2015 haya sido igual o superior a 1.945,80 €/mes o que causen alta en el RETA con posterioridad a la citada fecha; si su base de cotización ha sido inferior a 1.945,80 €/mes no pueden elegir una base de cuantía superior a 1.964,70 €/mes, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30-6-2016, con efectos a partir del 1-7-2016, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existe esta limitación.

  1. Para los trabajadores que tengan 48 o más años, la base ha de estar comprendida entre las cuantías de 963,30 y 1.964,70 €/mes, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso la elección de bases ha de estar comprendida entre las cuantías de 893,10 y 1.964,70 €/mes.

No obstante, los trabajadores que antes de los 50 años  hayan cotizado en cualquiera de los regímenes  de la Seguridad Social por espacio de 5 o más años quedan sujetos a las siguientes reglas, que se fijan en función de que la última cotización acreditada hubiera sido:

– igual o inferior a 1.945,80 €/mes, en cuyo caso deben cotizar por una base comprendida entre 893,10 y 1.964,70 €/mes;

– superior a 1.945,80 €/mes, en cuyo caso han de cotizar por una base comprendida entre 893,10 €/mes y el importe de aquélla, incrementado en un 1,00%, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.964,70 €/mes; esta regla se aplica también con respecto a los trabajadores autónomos que con 48 ó 49 años de edad hubieran ejercitado la opción por una base superior a 1.682,70 €/mes antes del 30-6-2011.

Otros supuestos de elección de base de cotización son:

  1. Con independencia de su edad, los trabajadores del RETA pueden elegir una base de cotización que puede alcanzar hasta el 220% de la base mínima de cotización que cada año se establezca para este régimen especial.
  2. Por otra parte, los trabajadores autónomos pueden solicitar el cambio de la base de cotización por la que vengan obligados a cotizar 2 veces al año, eligiendo otra entre los límites máximo y mínimo aplicables a cada ejercicio. Las solicitudes que se formulen a la TGSS antes del día 1 de mayo tienen efectos desde el 1 de julio siguiente y las solicitudes anteriores al 1 de noviembre, tienen efectos del 1 de enero del año siguiente.
  3. Los trabajadores, cuyo alta en el RETA  se haya practicado de oficio, como consecuencia, a su vez, de una baja de oficio en el RGSS o en otro régimen de trabajadores por cuenta propia, cualquiera que sea su edad en el momento de causar el alta, pueden optar entre mantener la base de cotización por la que cotizaban en el régimen en el que causaron baja o elegir una base de cotización, aplicando las reglas generales previstas en este régimen.
  4. A los autónomos societarios de sociedades de capital y de sociedades laborales incluidos en el RETA les es de aplicación la base mínima de cotización, correspondiente al grupo 1 de cotización del Régimen General (1.067,40 €/mes), a excepción de aquellos que causen alta inicial en el mismo, durante los 12 primeros meses de su actividad, a contar desde la fecha de efectos de dicha alta. No es aplicable obligatoriamente esta base del grupo 1 a los socios de sociedades civiles, de sociedades colectivas ni de sociedades(SG de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED, oficio de 11-2-14).

Base de autónomo con trabajadores contratados 

Respecto a los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2015 y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a 10, la base mínima de cotización tiene una cuantía igual a la prevista como base mínima para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General que, para el año 2016, está fijada en 1.067,40 €/mes.

Base en caso de pluriactividad 

Los trabajadores que causen alta por primera vez en el RETA y con motivo de la misma inicien una situación de pluriactividad pueden elegir como base de cotización en ese momento:

– durante los primeros 18 meses: la comprendida entre el 50% de la base mínima de cotización vigente y la base máxima (en 2016: 446,70 € y 3.642,00 €);

– durante los siguientes 18 meses: la comprendida entre el 75% y la base máxima (en 2016: 669,90 € y 3.642,00 €).

Ahora bien, en los supuestos de trabajadores en situación de pluriactividad en que la actividad laboral por cuenta ajena lo sea a tiempo parcial con una jornada a partir del 50% de la correspondiente a la de un trabajador con jornada a tiempo completo, se puede elegir en el momento del alta:

– durante los primeros 18 meses: la comprendida entre el 75% de la base mínima de cotización vigente y la base máxima (en 2016: 669,90 € y 3.642,00 €);

– durante los siguientes 18 meses: la comprendida entre el 85% y la base máxima (en 2016: 759,00 € y 3.642,00 €).

La aplicación de estas medidas es incompatible con cualquier otra bonificación o reducción establecida como medida de fomento del empleo autónomo y con la devolución prevista en caso de pluriactividad.

Devolución de cotizaciones por razón de pluriactividad 

Los trabajadores que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, hayan cotizado durante 2015, respecto de contingencias comunes , en régimen de pluriactividad, teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes al trabajador en el RGSS, así como las efectuadas en el RETA, por una cuantía  igual o superior a 12.245,98 €, tienen derecho a una devolución del 50% del exceso en que sus cotizaciones superen la mencionada cuantía, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas en el RETA, en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria. La devolución ha de efectuarse a solicitud del interesado, que ha de formularla en los 4 primeros meses de 2016.

Cuando la situación de pluriactividad suceda durante 2016 y las cotizaciones por contingencias comunes al RGSS y al RETA sean iguales o superiores a 12.368,23 €, la devolución procederá en los cuatro primeros meses de 2017.

Venta ambulante o a domicilio 

Los autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781, 4782, 4789 y 4799) pueden elegir como base mínima de cotización durante el año 2016 entre la base mínima de RETA (893,10 €/mes) o la base mínima de RGSS (764,40 €/mes).

Pueden elegir entre la base mínima de cotización del RETA: 893,10 €/mes o la base de 491,10 €/mes (el 55% de dicha base mínima):

  1. Los autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799);
  2. Las personas dedicadas, de formas individual, a la venta ambulante en mercados tradicionales o mercadillos , con horario de venta inferior a 8 horas al día, siempre que no dispongan de establecimiento fijo propio, ni produzcan los artículos o productos que vendan. En todo caso, han de cotizar obligatoriamente por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aplicando, sobre la base elegida, la tarifa de primas.

 

El nuevo sistema de retribución de los administradores

El nuevo sistema de retribución de los administradores

Consulta vinculante V2609-15 de 8 de septiembre de 2015

La Dirección General de Tributos en esta consulta cambia el criterio, se desmarca de la teoría del vínculo laboral y se centra en aspectos meramente fiscales diferenciando 2 situaciones:

1.- Socios o Socios-Administradores de Sociedades con actividad empresarial

•    Las retribuciones por funciones de administrador: Nómina con una Retención fija de IRPF que para el ejercicio 2016 será del 35% o del 19% para empresas con una cifra de negocios inferior a 100.000€
•    Las retribuciones por otros trabajos: Nómina con IRPF variable en función de la aplicación de las “tablas”

2.- Socios o Socios-Administradores de Sociedades con actividad profesional en sentido amplio según la Secc. 2ª de las Tarifas IAE

•    Las retribuciones por funciones de administrador: Nómina con una Retención fija de IRPF que para el ejercicio 2016 será del 35% y del 19% para empresas con una cifra de negocios inferior a 100.000€ .
•    Las retribuciones por otros trabajos: Factura o IRPF por retención de actividades económicas (15% o 7%).

 

TRABAJOS PROHIBIDOS A MENORES DE EDAD

TRABAJOS PROHIBIDO A MENORES DE EDAD:

Los trabajadores menores de 18 años no pueden realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo respecto a los que se establezcan limitaciones a su contratación conforme a lo dispuesto en la L 31/1995 y en las normas reglamentarias aplicables.

La normativa comunitaria prohíbe a menores los trabajos que se enumeran a continuación, excepto cuando resulte indispensable para su formación profesional:

–   aquellos que objetivamente superen sus capacidades físicas o psicológicas;

–   los que impliquen una exposición nociva a agentes tóxicos, cancerígenos, mutágenos, tertógenos y otros graves defectos crónicos;

–   los que impliquen una exposición nociva a radiaciones;

–   los que supongan riesgo de accidente en los que se supone que los jóvenes, por su falta de sentido de seguridad o falta de experiencia o formación, no lo puedan identificar o prevenir;

–   los que ponen en peligro su salud por frío o calor extremos y por exposición al ruido o a las vibraciones.

Por su parte, la normativa interna, prohíbe, en concreto las siguientes actividades:

  1. a) Trabajo en actividades e industrias comprendidas en la relación primera del D 26-7-1957 .
  2. b) Engrase, limpieza, examen o reparación de las máquinas o mecanismos en marcha que resulten de naturaleza peligrosa.
  3. c) Manejo de prensas, guillotinas, cizallas, sierras de cinta o  circulares, taladros mecánicos y, en general, cualquier máquina que por las operaciones que realice, las herramientas o útiles empleados o las excesivas velocidades de trabajo, represente un marcado peligro de accidentes, salvo que éste se evite, totalmente, mediante dispositivos de seguridad.
  4. d) Todos los trabajos que resulten inadecuados para la salud de los trabajadores por implicar esfuerzo físico o ser perjudiciales a sus circunstancias personales.
  5. e) Cualquier trabajo que se efectúe a más de cuatro metros de altura sobre el terreno o suelo, salvo que se realice sobre piso continuo y estable, tal como pasarelas, plataformas de servicio u otros análogos que se hallen debidamente protegidos.
  6. f) Transportar, empujar o arrastrar cargas que representen un esfuerzo superior al necesario para mover en rasante de nivel los pesos que se citan en la propia norma.

El empresario tiene las siguientes obligaciones:

1)  Evaluar los puestos de trabajo antes de su incorporación al trabajo, y previamente a cualquier modificación importante en el mismo, a fin de determinar las posibilidades de riesgo específico a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro su seguridad o su salud. Debe tener en cuenta, especialmente, los riesgos específicos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para valorar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

2)  Informar a los jóvenes y sus padres o tutores que hayan intervenido en su contratación, de los posibles riesgos y de las medidas de protección adoptadas.

La transgresión de las normas sobre trabajo de menores contempladas en la legislación laboral se considera falta muy grave en orden social, sancionable con multa de 6.251 a 187.515 euros ( RDLeg 5/2000 art.8.4 ). El incumplimiento de las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de los menores puede ser calificado como falta muy grave en materia de seguridad y salud laboral ( RDLeg 5/2000 art.13.2 ), sancionable con multa de 40.986 a 819.780 euros.

1)  La Inspección puede autorizar el empleo, siempre que mediando la contratación adecuada queden plenamente garantizadas la salud y seguridad del trabajador. A estos efectos, se entiende desestimada la solicitud de autorización para la realización por menores de trabajos prohibidos, si transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento no hay resolución expresa ( RD 1778/1994 art.3 s. ).

2)  La relación de actividades prohibidas se concreta en los siguientes grupos y trabajos análogos: agricultura y ganadería; industrias forestales; extractivas; trabajo de las piedras y tierras; metalurgia trabajo del hierro y demás metales, máquinas, aparatos y vehículos; químicas; construcción; madera y afines; textiles; confección, vestido y tocado; cueros y pieles; alimentación, bebidas y tabacos; papel y cartón; artes gráficas; agua, gas y electricidad; servicios de transporte y comunicaciones; higiene y limpieza; otras industrias ( D 26-7-1957 relación segunda).

3)  Cuando la causa de la prohibición sea la producción de vapores o emanaciones tóxicas o de polvos perjudiciales, peligro de incendio o explosión, no sólo se prohíbe el trabajo activo sino la simple permanencia en los locales.

4)  No pueden asignarse a los menores de 18 años tareas que puedan convertirlos en trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes ( Dir 2013/59/Euratom art.8 ).

 

Maternidad y exención IRPF

Una sentencia declara la prestación por maternidad exenta de IRPF

Sentencia sobre ayuda a la maternidad

Cuando una trabajadora da a luz, tiene derecho a 16 semanas de baja. Durante este período, la Seguridad Social abona el sueldo a través de la prestación de maternidad, que equivale a la base de cotización. En este caso, para la Agencia Tributaria, el importe obtenido por tal concepto debe tributar en el IRPF como un rendimiento del trabajo, interpretación con la que difiere el TSJ de Madrid en su reciente sentencia: La contribuyente solicitó la devolución de los 3.135 euros que pagó en concepto de IRPF después de recibir una prestación por maternidad de 11.679 € y el fallo judicial establece que la prestación por maternidad entra dentro de las rentas exentas que contempla la ley del IRPF. Esto contraviene el criterio de la Dirección General de Tributos que precisa que las prestaciones complementarias que concede la Seguridad Social a una mujer durante la baja maternal se deberían considerar una renta y por tanto tienen que tributar. La última nota de la AEAT que trata el tema es de 2013 y en ella deja clara su posición, remitiendo al artículo 7 de la Ley 35/2006: “h) Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.” “Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad. También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.” Del propio texto legal se determina una clara diferenciación entre las prestaciones públicas, otorgando la exención, en el caso de las de maternidad, exclusivamente a las percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales. Por otra parte, las prestaciones por maternidad satisfechas por la Seguridad Social no se encuentran entre las reguladas en el capítulo IX del Título II del mencionado texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Por tanto, las retribuciones satisfechas en forma de prestación por maternidad satisfechas por la Seguridad Social deben calificarse como rendimientos del trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 17 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que establece que, en todo caso, tienen la consideración de rendimientos del trabajo las prestaciones percibidas de los regímenes públicos de la Seguridad Social, no siéndole de aplicación ninguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 35/2006 De momento, varias asociaciones de asesores fiscales, despachos de abogados y demás colectivos relacionados con el tema recomiendan no reclamar hasta que haya, al menos una segunda sentencia. Otros consideran que quienes reclamen tienen grandes posibilidades de ganar el procedimiento y ofrecen consejos sobre cómo hacerlo y los pasos a seguir:

  1. Solicitud a la Agencia Tributaria presentando un escrito de solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos ante la Delegación de la Agencia Tributaria. 2. Vía administrativa. En el caso más probable de que la AEAT rechace la solicitud y conteste desfavorablemente habrá alegar y recurrir hasta agotar la vía administrativa. 3. Reclamar judicialmente. Finalizada la vía administrativa se podrá iniciar un procedimiento judicial, que es dónde ahora más viabilidad tiene este procedimiento.

 

 

 

Supuestos de exclusión general a las bonificaciones a la contratación

Contrataciones excluidas de las bonificaciones: (L 43/2006 art.6)

Están excluidas de las bonificaciones previstas en el programa general de fomento de empleo las contrataciones realizadas en los siguientes supuestos:

  1. Relaciones laborales de carácter especial, excepto la relación laboral de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo.
  2. Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes, por consanguinidad (se incluye línea recta y colateral) o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos.

No se excluyen, sin embargo, cuando el empleador sea un trabajador autónomo  que contrate como trabajador por cuenta ajena a los hijos menores de 30 años tanto si conviven o no con él, o cuando sea un autónomo sin asalariados y contrate a un solo familiar menor de 45 años, que no conviva con él ni esté a su cargo.

  1. Contrataciones realizadas con trabajadores  que en los 24 meses anteriores  a la fecha de la contratación hubiesen prestado servicios en la misma empresa, grupo de empresas o entidad mediante un contrato por tiempo indefinido, o en los últimos 6 meses mediante un contrato de duración determinada o temporal o mediante un contrato formativo, de relevo o de sustitución por jubilación.

 Precisiones Esta última exclusión es también de aplicación en el supuesto de vinculación laboral anterior del trabajador con empresas a las que el solicitante de los beneficios haya sucedido en virtud de subrogación legal.

  1. Contrataciones de trabajadores que hayan finalizado  su relación  laboral de carácter indefinido  en otra empresa en un plazo de 3 meses previos a la formalización del contrato. Esta exclusión no se aplica cuando la finalización del contrato sea por despido reconocido o declarado improcedente, o por despido colectivo.
  2. Durante un período de 12 meses, están excluidas del acceso a las bonificaciones previstas las empresas o entidades que hayan extinguido o extingan por despido  reconocido o declarado improcedente  o por despido colectivo -mediando o no acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores-, contratos bonificados. La exclusión afecta a un número de contrataciones igual al de las extinciones producidas. El período de exclusión se cuenta a partir del reconocimiento o declaración de improcedencia del despido o de la extinción derivada del despido colectivo.

Esta última exclusión no se aplica a contratación indefinida a través del contrato de apoyo a los emprendedores.

Supuestos de contratación de personas con discapacidad: (L 43/2006 art.6.3) 

En el supuesto de contrataciones de trabajadores con discapacidad el régimen de exclusiones general cuenta con algunas excepciones. Solo les son de aplicación las siguientes exclusiones, con las particularidades que se indican:

  1. Contrataciones realizadas con trabajadores que en los 24 meses anteriores  a la fecha de la contratación hubiesen prestado servicios en la misma empresa, grupo de empresas o entidad mediante un contrato por tiempo indefinido.
  2. Contrataciones de trabajadores que hayan finalizado  su relación  laboral de carácter indefinido  en otra empresa en un plazo de 3 meses previos a la formalización del contrato, salvo en los supuestos de despido colectivo o cuando el despido se reconozca o se declare improcedente. Tampoco es de aplicación esta exclusión en los siguientes supuestos:

– contratación de trabajadores con discapacidad procedentes de centros especiales de empleo, tanto en lo referente a su incorporación a una empresa ordinaria, como en su posible retorno al centro especial de empleo de procedencia o a otro centro especial de empleo;

– incorporación a una empresa ordinaria de trabajadores con discapacidad en el marco del programa de empleo con apoyo.

  1. Durante un período de 12 meses, están excluidas del acceso a bonificaciones previstas las empresas o entidades que hayan extinguido o extingan, por despido  declarado improcedente  o por despido colectivo -mediando o no acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores-, contratos bonificados. La exclusión afecta a un número de contrataciones igual al de las extinciones producidas. El período de exclusión se cuenta a partir de la declaración de improcedencia del despido o de la extinción derivada del despido colectivo.

Precisiones:

Las dos primeras exclusiones citadas no son de aplicación cuando se trata de trabajadores con especiales dificultades para su inserción laboral, considerándose que existen tales especiales dificultades cuando el trabajador esté incluido en alguno de los siguientes grupos:

– personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%;

– personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.

 

Nuevos sujetos obligados a relacionarse de forma telemática con la AEAT

El 2 de octubre de 2016 es la fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Esta ley obliga, entre otros, a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Entre las entidades sin personalidad jurídica se incluyen las comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios.

Esta relación electrónica comprende tanto las notificaciones como la presentación de documentos y solicitudes a través de registro.

La presentación de declaraciones y autoliquidaciones se continuará haciendo como hasta ahora, por no estar afectada por la Ley 39/2015.

Las presentaciones de documentos y solicitudes dirigidos a la Agencia Tributaria deben realizarse obligatoriamente a través del registro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es).

En el ámbito aduanero, todos los operadores económicos (personas físicas o jurídicas que se relacionan con la Administración para la aplicación de la legislación aduanera en el desarrollo de una actividad profesional) deben efectuar la presentación de los documentos y solicitudes previstos en la legislación aduanera obligatoriamente a través del registro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es), excluyéndose únicamente las excepciones establecidas en el Código Aduanero de la Unión y en los Reglamentos que lo desarrollan.

El incumplimiento de esta obligación puede ser constitutivo de la infracción tributaria prevista en el artículo 199 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece la imposición de una sanción consistente en multa pecuniaria fija de 250 euros.

Se excluyen de esta obligación de presentación por vía electrónica las excepciones previstas en el resto de la normativa vigente que obligan a la presentación en papel o soporte físico (originales de avales, documentos notariales, judiciales, etc.).

Enlace relacionado:

Nueva Ley de Procedimiento Administrativo

El 2 de octubre de 2016, entró en vigor la Ley 39/2015, de 1 de  octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos.

Ley: Objeto y novedades, La Ley 39/2015 (DF 7ª), en vigor desde el 2 de octubre, deroga la anterior normativa sobre procedimientos y recursos administrativos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, ley ésta última que seguirá vigente (Disposición Transitoria 3ª Ley 39/2015), para los procedimientos  administrativos incoados con anterioridad a la entrada en funcionamiento de la citada Ley 39/2015.

La Ley 39/2015 tiene como objeto esencial (art 1 de la Ley) la  regulación del procedimiento administrativo (incluido el sancionador y el disciplinario) que sea común a todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local), sus recursos (reposición, alzada y extraordinario de revisión), la validez y eficacia de los actos administrativos, etc, predicables (art 2) tanto a la Administración corporativa como institucional (fundaciones  públicas, organismos autónomos, consorcios…). Asimismo, se amplía el concepto de interesado (art 4 en relación con el art 3, -no sólo las personas físicas, sino también las personas jurídicas, uniones y masas patrimoniales, verbi gratia, herencias yacentes-), el cual previa acreditación de su interés legítimo, podrá apoderar –presencialmente o electrónicamente- en un procedimiento administrativo a favor de un representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas en el llamado Registro electrónico de apoderamientos (art 6).

Más información en :ley-39-2015-administraciones-publicas