Nueva Ley de Procedimiento Administrativo

El 2 de octubre de 2016, entró en vigor la Ley 39/2015, de 1 de  octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos.

Ley: Objeto y novedades, La Ley 39/2015 (DF 7ª), en vigor desde el 2 de octubre, deroga la anterior normativa sobre procedimientos y recursos administrativos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, ley ésta última que seguirá vigente (Disposición Transitoria 3ª Ley 39/2015), para los procedimientos  administrativos incoados con anterioridad a la entrada en funcionamiento de la citada Ley 39/2015.

La Ley 39/2015 tiene como objeto esencial (art 1 de la Ley) la  regulación del procedimiento administrativo (incluido el sancionador y el disciplinario) que sea común a todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local), sus recursos (reposición, alzada y extraordinario de revisión), la validez y eficacia de los actos administrativos, etc, predicables (art 2) tanto a la Administración corporativa como institucional (fundaciones  públicas, organismos autónomos, consorcios…). Asimismo, se amplía el concepto de interesado (art 4 en relación con el art 3, -no sólo las personas físicas, sino también las personas jurídicas, uniones y masas patrimoniales, verbi gratia, herencias yacentes-), el cual previa acreditación de su interés legítimo, podrá apoderar –presencialmente o electrónicamente- en un procedimiento administrativo a favor de un representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas en el llamado Registro electrónico de apoderamientos (art 6).

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