Nuevos sujetos obligados a relacionarse de forma telemática con la AEAT

El 2 de octubre de 2016 es la fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Esta ley obliga, entre otros, a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Entre las entidades sin personalidad jurídica se incluyen las comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios.

Esta relación electrónica comprende tanto las notificaciones como la presentación de documentos y solicitudes a través de registro.

La presentación de declaraciones y autoliquidaciones se continuará haciendo como hasta ahora, por no estar afectada por la Ley 39/2015.

Las presentaciones de documentos y solicitudes dirigidos a la Agencia Tributaria deben realizarse obligatoriamente a través del registro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es).

En el ámbito aduanero, todos los operadores económicos (personas físicas o jurídicas que se relacionan con la Administración para la aplicación de la legislación aduanera en el desarrollo de una actividad profesional) deben efectuar la presentación de los documentos y solicitudes previstos en la legislación aduanera obligatoriamente a través del registro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es), excluyéndose únicamente las excepciones establecidas en el Código Aduanero de la Unión y en los Reglamentos que lo desarrollan.

El incumplimiento de esta obligación puede ser constitutivo de la infracción tributaria prevista en el artículo 199 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece la imposición de una sanción consistente en multa pecuniaria fija de 250 euros.

Se excluyen de esta obligación de presentación por vía electrónica las excepciones previstas en el resto de la normativa vigente que obligan a la presentación en papel o soporte físico (originales de avales, documentos notariales, judiciales, etc.).

Enlace relacionado:

Nueva Ley de Procedimiento Administrativo

El 2 de octubre de 2016, entró en vigor la Ley 39/2015, de 1 de  octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos.

Ley: Objeto y novedades, La Ley 39/2015 (DF 7ª), en vigor desde el 2 de octubre, deroga la anterior normativa sobre procedimientos y recursos administrativos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, ley ésta última que seguirá vigente (Disposición Transitoria 3ª Ley 39/2015), para los procedimientos  administrativos incoados con anterioridad a la entrada en funcionamiento de la citada Ley 39/2015.

La Ley 39/2015 tiene como objeto esencial (art 1 de la Ley) la  regulación del procedimiento administrativo (incluido el sancionador y el disciplinario) que sea común a todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local), sus recursos (reposición, alzada y extraordinario de revisión), la validez y eficacia de los actos administrativos, etc, predicables (art 2) tanto a la Administración corporativa como institucional (fundaciones  públicas, organismos autónomos, consorcios…). Asimismo, se amplía el concepto de interesado (art 4 en relación con el art 3, -no sólo las personas físicas, sino también las personas jurídicas, uniones y masas patrimoniales, verbi gratia, herencias yacentes-), el cual previa acreditación de su interés legítimo, podrá apoderar –presencialmente o electrónicamente- en un procedimiento administrativo a favor de un representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas en el llamado Registro electrónico de apoderamientos (art 6).

Más información en :ley-39-2015-administraciones-publicas

Equiparación de la indemnización de los temporales con los fijos.

Reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que equipara las indemnizaciones de los temporales con los fijos. 

Corresponde una indemnización de 20 días por año de servicio a una trabajadora con contrato temporal incardinado en un proyecto de investigación que finaliza y que a su vez se desarrollaba en un organismo adscrito a una Administración autonómica. 

Una trabajadora, cuyo contrato está ligado a un proyecto de investigación, presta sus servicios para la Fundación Vasca de Investigación e Innovación Sanitarias. Su contrato se ve extinguido por la finalización del proyecto al que estaba adscrito y la extinción es conforme a derecho, no siendo aplicables los límites temporales de los contratos por obra o servicio y las consecuencias de su incumplimiento, al establecerlo así la regulación específica de los contratos para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica.

La Fundación demandada indemnizó en el momento de la extinción con lo que correspondía al contrato temporal suscrito, pero el TSJ interpreta este derecho a la indemnización  teniendo en cuenta la reciente sentencia del TJUE 14-9-16, C-596/14 y estas son sus conclusiones:

  1. Ha de seguirse la interpretación de la sentencia del TJUE antes mencionada por la primacía de la jurisprudencia comunitaria, así como por la prevalencia del derecho de la UE frente al interno. Ha de considerarse, no obstante, que dicha sentencia no crea un derecho indemnizatorio ex novo, sino que recuerda la interpretación auténtica que hay que dar al Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada (Dir 1999/70/CE Anexo).
  2. La empleadora es un organismo que se incardina dentro de la Administración Autonómica y, por lo tanto, puede invocarse directamente la aplicación de la Directiva (eficacia vertical del Acuerdo Marco), lo que no sería posible de tratarse de un empleador privado.
  3. El contrato firmado por la trabajadora es un contrato de duración determinada, por lo que le es aplicable la doctrina establecida por el TJUE, aunque no estemos ante un contrato de interinidad. En ambos casos, el contemplado en la sentencia de TJUE y este que estamos analizando, el punto de partida es idéntico: suscripción de un contrato de duración incierta y la terminación por decisión de la empleadora basada en que ya no existe causa suficiente para su mantenimiento.
  4. Tanto en el supuesto de una trabajadora fija de plantilla como en el del que suscribe un contrato de duración determinada, cuando la empresa decide extinguir unilateralmente la relación laboral por concurrir una causa legalmente justificada, por motivos ajenos a la voluntad de la trabajadora, se produce una identidad en la objetivación de la causa. De este modo, la terminación del contrato de investigación puede considerarse una causa productiva (ET art.51.1 y 52.c).
  5. Aunque el contrato temporal analizado sí tiene reconocida legalmente una indemnización en el momento de extinguirse (12 días por año de servicio), la resolución europea explica que el problema de distinción indemnizatoria no se da entre temporales, sino entre los contratos de duración determinada frente a los fijos. En este caso, las circunstancias en las que la trabajadora presta sus servicios la hacen perfectamente comparable con la de un trabajador fijo de la Fundación. Por lo tanto, no hay una justificación objetiva y razonable para que la trabajadora no perciba la misma indemnización que le correspondería a un trabajador fijo despedido por causas productivas, es decir, 20 días por año de servicio.